Crónica de la última vez que prometieron transparencia
Sabrán, me imagino, que Cristóbal Montoro acaba de anunciar
que en la nueva ley de transparencia de su Gobierno los políticos
tendrán “responsabilidades penales” por su actuación financiera. Hoy
vamos a hablar de la última vez que anunciaron algo parecido y de qué
fue lo que acabaron haciendo al final. Ya verán qué divertido. Es una
historia que no defrauda. Garantizado.
La importancia de ser un PEP
Digan lo que digan los
algoritmos de Google, la voz PEP no refiere sólo al señor estupendo que
entrena al Barça, sino también a las siglas de politically exposed person, esto es, persona expuesta políticamente.
Esta categoría incluye no sólo a los cargos electos —gobierno y
oposición— de las tres instancias del power —Estado, autonomías y
ayuntamientos—, sino a todos los cargos políticos del país y lo repetiré
para darle empaque, porque en Jot Down no ponemos negritas así como
así: a todos los cargos políticos del país. Desde la jefatura del Estado
a la diplomacia pasando por ministerios, secretarías, instituciones de
defensa, magistraturas, empresas públicas o empresas privadas
concesionarias de un servicio público. Un PEP, por sintetizar, es
cualquier persona con poder político o de origen político. Un PEP elige,
dirige, licita, subvenciona y se queda o se marcha según sea la mayoría
parlamentaria a la que se acoge. Por sintetizar y decirlo en inglés,
claro, y además con siglas. Que queda como mejor y más dos punto cero
aunque aquí, hasta donde alcanza mi entender, a esto se le ha llamado casta política
de toda la vida. Que es a lo que en realidad refiere la noción de PEP,
por cierto. A lo de casta. No por nada no se considera PEPs sólo a los
cargos que les comentaba, sino también a sus cónyuges, familiares y
allegados.
Y en España estuvimos a
punto una vez de meterles mano. De vigilarles. O lo estuvieron ellos,
mejor dicho. Los propios PEPs. Ellos estuvieron a punto de hacer una ley
para vigilarse a sí mismos, pero al final dijeron que no, mira. Que
mejor no. Les cuento la historia.
¿A dónde vas?
Lo anunció una mujer, señora doña Soledad Núñez, que era y sigue siendo
directora general del Tesoro, allá por el año 2009. Que el glorioso
Gobierno de España estaba preparando una ley antiblanqueo de capitales
que iba a ser, bueno bueno. De agárrate y no te sueltes a la goma de la
braga. No con estas palabras, claro; lo que ella dijo fue que el plan
iba a ser “el más duro de Europa”. Contexto: el día anterior —2 de abril
de 2009—, Zapateto había acudido de guest star
a una cumbre del G20, la de Londres, donde abogó por el final de los
paraísos fiscales. Se conoce que le dio uno de estos fervores
demo-socio-progresistas que le daban a él y entonces, poco aficionado
como era Zapatero a la improvisación, le pidió a Núñez que convocara a
la prensa al día siguiente y anunciase a bombo y platillo que estaban
trabajando en una ley antiblanqueo tan guay tan guay, pero tan sumamente
guay, que hasta sometería a los PEPs españoles a, cito literal,
“vigilancia reforzada”. Qué te parece.
Y Soledad Núñez lo
anunció, claro. Y se tiró las flores consecuentes. No dijo para cuando
estaría la ley, porque para qué adquirir compromisos, ni explicó que la
medida se trata en realidad de la trasposición a ley orgánica de una
Directiva Europea, la 2006/70/CE.
Que en la UE, por cierto, hicieron para todas las naciones de la Unión,
como compete, pero con especial funfún en el tipo de países que
entendemos la economía pública un poco a la remanguillé, no sé si me
explico. En los que hace más calorcito y cantamos y bailamos muy bien.
Tampoco mencionó que ya en 2008 la UE le había dado un toque a España
por tardar en aplicarla y por ser uno de los cinco países europeos
carentes de una ley de transparencia —los otros, ilustro, son Grecia,
Chipre, Malta y Luxemburgo.
Manzanas traigo.
Y la ley se hizo,
no se crean. Había que hacerla, porque las directivas europeas es lo
que tienen. Y se aprobó un año después, en abril de 2010. La clave, ya
verán qué divertido, está en que el PSOE, con el apoyo del PP, decidió
cambiar la denominación de lo que era un PEP. Donde el anteproyecto
mencionaba a las “personas físicas, españolas o extranjeras, que
desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como
sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados”, en
la redacción de la ley puso “personas físicas que desempeñen o hayan
desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados”. Punto. Es
decir, que eximió a los políticos nacionales. Sometió a vigilancia a los
PEPs de origen extranjero —como los diplomáticos procedentes de otro
país, por ejemplo, o los políticos españoles en instituciones
comunitarias— y decidió que la ley no sometería a vigilancia a los PEPs
españoles que viviesen en España, y lo voy repetir: a los PEPs españoles
que viviesen en España. Que, por si a alguien se le escapa, vendrían a
ser todos los políticos, cargos y funcionarios del Estado más familia
más amigos. Quedaron exentos todos los diputados, los ministros, los
concejales, los alcaldes, los secretarios y subsecretarios, los
consejeros, los presidentes de autonomías y los presidentes de cajas de
ahorro, por citar sólo algunos. Quedó exento Jaume Matas, por ejemplo. O Iñaki Urdangarín, sin ir más lejos. O Francisco Camps y El Bigotes. O Teddy Bautista. O Francisco Javier Guerrero.
¿Qué motivación
tuvieron los políticos españoles para blindarse de su propia ley de
transparencia? A mí, personalmente, se me ocurren varias. Corrupción
institucional, por ejemplo, indecencia ideológica, secuestro de la
voluntad popular, sinvergonzonería, amparo al latrocinio… Y en El País dijeron
que la CECA —Confederación Española de Cajas de Ahorros— tuvo mucho que
ver con el cambio porque, me imagino, a los presidentes de las cajas de
ahorro no les gustaba la idea de verse sometidos a “vigilancia
reforzada”. El ejercicio de poca vergüenza correspondió al grupo IU-ICV,
que presentó una enmienda para incorporar a la definición el término
“nacionales” que, por supuesto, fue rechaza por PP y PSOE tal que así,
miren. En un decir pin pan, toma lacasitos. El texto, de hecho, gozó de
lo que los medios llaman un amplio consenso y hasta hubo quien se animó a comentarlo. Gloria Gómez,
del PSOE, aseguró entonces que “no tiene sentido investigar a todo el
mundo y hacer una acumulación de datos de tal calibre”. Y Baudilio Tomé,
del PP, manifestó que “que haya que vigilar a 60000 personas entre
concejales, cónyuges y sus vínculos familiares” le parecía
“exorbitante”. Desconocemos la opinión de Soledad Núñez o de la ínclita María Teresa Fernández de la Vega,
que es quien anunció finalmente los contenidos de la ley. Ambas
obviaron el tema de que fuera un despropósito porque, en fin.
Futilidades, you know. Para qué explicar lo que está bastante claro.
Ley de transparencia.
Y hoy, lo dicho. Que Cristobal Montoro vuelve al mercado de la venta de burras en stock
y jode con el tatachín una vez más con esa transparencia, bendita
transparencia, que prometen a voz en grito con el mismo denuedo con que
la eluden en silencio una y otra y otra vez más. Spain, one point. Les
quiero invitar a que visiten la web Ley de Transparencia Ya, para que vean lo que se pierden, o que consulten la posición de España en el preceptivo ranking de corrupción de Transparency International,
privilegiada como lo suele ser la de nuestro país en tanto ranking se
publique en lo referente a dar vergüenza. Y animarles, por si no queda a
claro, a que no se crean ni media. Lo que nos faltaba en este país,
realmente lo último que nos faltaba, es empezar a creernos una misma
milonga cuando no han transcurrido ni dos años desde la anterior.
Carlos Sanz
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